23/11/2020.- El Senado mexicano aprobó el pasado 5 de noviembre el Proyecto de Ley para aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú, para muchos el acuerdo ambiental más importante de la historia y que crea una nueva herramienta de acción ambiental para América Latina y el Caribe. Así, México da vía libre para su entrada en vigor en los próximos 90 días, convirtiéndose en el país número 11 en reafirmar su compromiso a ser alcanzado por los efectos de este convenio regional. En su comunicado, el Senado mexicano recordó que el acuerdo es el resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, donde México participó activamente. La decisión, por unanimidad (66 votos), ratifica un “acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad”.
El Acuerdo, involucra a los 33 países que forman parte de América Latina y el Caribe. Efectivamente, para su entrada en vigor, se necesitaba al menos 11 países que lo ratificaran y con México cumpliendo esta cuota, tras la ratificación de Argentina hace tan solo un par de meses, por fin se abre el camino a su implementación.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Obliga a los gobiernos a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, elimina las barreras institucionales para el acceso a información y para la participación en las decisiones y además permite una distribución más justa de los costes y los beneficios del desarrollo.
El Acuerdo de Escazú se diferencia mucho de otros por una serie de razones. Es el único tratado emanado de (los principios) de la Cumbre Río+20, el primero de carácter ambiental suscrito por los países de América Latina y el Caribe, el único tratado en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y además fue negociado en todo el proceso con la participación de la sociedad civil.
La entrada en vigor de este acuerdo supondrá un cambio sustancial dado que el actual modelo de desarrollo en la región no es sostenible, el continuo deterioro ambiental, las múltiples brechas y desigualdades y los frágiles equilibrios económicos han creado una fuerte conflictividad en materia socio-ambiental. Ciertamente, América Latina y el Caribe son una de las regiones del planeta donde hay mayor cantidad de conflictos relacionados con el ambiente, los temas sociales y el desarrollo.
Está claro que este acuerdo es una gran noticia, sin embargo aún queda mucho camino que recorrer. De los 33 países de la región latinocaribeña, tan solo 24 han firmado el acuerdo y 11 lo han ratificado. Además, los poderes detrás de las industrias, de los bancos y las corporaciones están bastante interesados en destruir un convenio que vulnera sus intereses. Es por esto, que es necesario impulsar un nuevo paradigma y un mayor nivel de cumplimento de los derechos y las normas, todo ello en un marco de participación, transparencia y rendición de cuentas. En tales circunstancias, la aplicación del Acuerdo de Escazú supone de una manera u otra un primer paso hacia una solución para el elevado nivel de conflictividad que existe. Luchar por la salud de las personas y del planeta no puede seguir siendo un riesgo, sino más bien un derecho fundamental que todas y todos pudiéramos ejercer.
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