El próximo enero de 2021 entrará en vigor la Regulación Europea sobre el suministro responsable de “minerales en conflicto”, introduciendo obligaciones en materia de diligencia debida de derechos humanos para los importadores directos de estaño, tungsteno, tantalio y oro (los denominados minerales 3TG, por sus siglas en inglés). Se estima que alrededor de 300-400 compañías queden cubiertas dentro del alcance de esta ley. Sin embargo, las Autoridades Competentes de los Estados Miembro no parecen estar haciendo lo suficiente para asegurar la correcta implementación de esta regulación.
Hasta ahora, los Estados Miembros son reticentes a la idea de publicar la lista de compañías que quedarán cubiertas por la regulación, dificultando a los miembros de los parlamentos (nacionales), a los medios de comunicación, a las empresas que emplean minerales procesados o la sociedad civil, tanto de la Unión Europea como de los países productores, hacer un seguimiento del comportamiento empresarial y expresar las “dudas razonables” que puedan tener en aquellos casos donde existan evidencias de una mala gestión de los riesgos por parte de la empresa.
La semana pasada, dos de nuestras organizaciones miembro de la Red Justicia en Minería de la Conferencia Jesuita de Provinciales Europeos, la Fundación MAGIS y ALBOAN, se unieron a un grupo considerable de organizaciones de la sociedad civil europea para pedir mayor transparencia en relación con las empresas cubiertas por la ley.
Puedes leer su Comunicado de Prensa y el último Documento de Incidencia Conjunto en la web de la Campaña Tecnología Libre de Conflicto.
Industrias Electrónicas y Derechos Humanos: ¿Qué hacer?